Una nueva explosión tuvo el Caso Convenios en las últimas semanas luego de que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, entregara su informe a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, donde declaró que el mismo mecanismo utilizado en el caso de Democracia Viva, se replica en 15 regiones.
Lo anterior, ha generado preocupación entre los trabajadores del Ministerio de Vivienda, dado que en algunos medios de prensa se dio a conocer el nombre de algunos funcionarios pertenecientes al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu como parte de los responsables de la situación que sufre el Ministerio.
Al respecto, en un punto de prensa realizado por la Asociación de Funcionarios del Minvu, junto a la ANEF, Hugo Villavicencio, analista del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio, afirmó que “esta es una acusación injusta, se nos acusa de irregularidades cuando nosotros ejecutamos presupuestos e inversiones de acuerdo a la glosa presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional. Nunca hemos cometido irregularidades. Pasamos a ser conejillo de indias por estos actos irregulares cuando no lo somos. Solo somos funcionarios que hemos ejecutado lo que nos han pedido. De que hay debilidades, las hay, y se pueden mejorar, pero eso no significa que hemos caído en ilegalidades”.
Por su parte, Marlene Galdames, presidenta de AFUMINVU, señaló que “todos los funcionarios del Programa de Asentamientos Precarios, tanto de nivel central y de todo el país, desde el día uno han estado aportando a la investigación”.
Aseguró que “no son ellos los que deben ser cuestionados”, y se refirió también a la exposición de los nombres de algunos funcionarios del Programa por parte de un medio de comunicación. “Eso es algo que nosotros no vamos a permitir, y por eso solicitamos el apoyo de la ANEF”, sostuvo.
Asimismo, José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), indicó que “hoy los funcionarios públicos se sienten abandonados, cuestionados e incluso apuntados con el dedo frente a acusaciones de robo de recursos fiscales, bajo la figura de estas fundaciones que nosotros condenamos y rechazamos”.
Añadió que “no estamos disponibles para cuestionamientos a priori, persecuciones o nombres que aparezcan de personas de carrera. Queremos que no se corte por lo más delgado, porque aquí hay una hebra mucho más profunda, que tiene que ver con un tema estructural que pasa por este Estado subsidiario, que privatiza, externaliza y precariza nuestras condiciones laborales. Estamos abiertos a entregar información y abiertos a colaborar con la justicia, pero también queremos ocuparnos de que quienes trabajan para el Estado de Chile no se sientan solas ni solos”.
